Resumen: La Sala afirma que el derecho fundamental a la libertad sindical, reconocido en el art 28.1 CE protege exclusivamente la actividad sindical de los sindicatos, no la de los comités de empresa, de acuerdo con la STC 134/1994 indicando que aunque existe interacción entre sindicatos y comités de empresa en muchas empresas, las diferencias entre ellos persisten en el ordenamiento jurídico español y así mientras que los sindicatos tienen un reconocimiento constitucional expreso, los comités de empresa son creación de la ley o de los convenios colectivos y no tienen garantizada la libertad sindical y por ello al litigar en calidad de presidente del Comité de Empresa, no puede alegar vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, concluyendo que la cuestión de la legitimación del demandante en esa condición debería haber llevado a la desestimación de la demanda desde el principio, y que la vulneración que podría estar en juego es el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad frente a represalias por entablar acciones judiciales, derivada del art 24.1 CE, pero no ha sido alegada por la parte demandante y además, no se observa evidencia de que el cambio en el acceso al seguimiento de la bolsa de horas sea reactivo a la posición del actor en un proceso selectivo en trámite ni implique una merma de sus derechos de información y participación en el mismo, no entrando a considerar esta cuestión.
Resumen: En unificación de doctrina por la representación del INSS y la TGSS se deduce la cuestión dirigida a determinar si el reconocimiento del derecho a suspender el contrato de trabajo por nacimiento de hijo para el otro progenitor, incorporado en el art. 48.4 del ET por el R.D. Ley 6/2019, implica una discriminación de la familia monoparental con relación a una familia biparental, y si debe o no otorgarse al único progenitor el derecho a disfrutar sucesivamente de dos periodos de suspensión del contrato de trabajo. La sentencia apuntada reitera doctrina y resuelve que no procede el reconocimiento de una nueva prestación distinta a la ya reconocida y coincidente con la que hubiera correspondido al otro progenitor porque que en aplicación de la normativa vigente, que cumple las exigencias derivadas del Derecho de la Unión Europea, de la Constitución y de acuerdos y tratados internacionales, es al legislador a quien corresponde determinar el alcance y contenido de la protección que debe dispensarse a este tipo de familias.
Resumen: La actora, que constituye con su hijo una familia monoparental, reclama del INSS la acumulación a la prestación de nacimiento que se le ha reconocido por el INSS, la que le hubiere correspondido al otro progenitor (16 semanas). El JS estima parcialmente la demanda, y las concede. Recurrida por el INSS la sentencia, el TSJ la confirma y recurrida por el INSS en unificación de doctrina, el TS, estima el recurso del INSS, y señala que como única progenitora que disfrutó de la prestación por nacimiento y cuidado del menor, no tiene derecho a acumular la prestación por nacimiento y cuidado del menor que le habría correspondido al otro progenitor de haber existido. Reitera doctrina: SSTS núm. 169/2023, de 2 de marzo, rcud. 3972/2020, de esta Sala, seguida por otra, la sentencia núm. 434/2023, de 14 de junio, rcud. 1642/2022, de 29 de noviembre de 2023 (rcud 2624/2022), 30 de noviembre de 2023 (rcud 4151/2022), 30 de noviembre de 2023 (rcud 4325/2022), 30 de noviembre de 2023 (rcud 5271/2022) y 12 de diciembre de 2023 (rcud 2814/2022).
Resumen: La cuestión planteada en el presente recurso de casación para la unificación de la doctrina consiste en determinar si en una familia monoparental, la única progenitora que disfrutó de la prestación por nacimiento y cuidado del menor tiene derecho, además, a la prestación que le hubiera correspondido al otro progenitor de haber existido. La sentencia apuntada, con aplicación del criterio establecido en la STS del Pleno de 2/3/2023 (R. 3972/2020), resuelve que no procede el reconocimiento de una nueva prestación distinta a la ya reconocida y coincidente con la que hubiera correspondido al otro progenitor, argumentando que en aplicación de la normativa vigente, que cumple las exigencias derivadas del Derecho de la Unión Europea, de la Constitución y de acuerdos y tratados internacionales, es al legislador a quien corresponde determinar el alcance y contenido de la protección que debe dispensarse a este tipo de familias.
Resumen: La parte actora reclamaba el derecho a percibir el complemento de antigüedad frente a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (agencia pública empresarial), procedente de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS). El JS estimó la demanda. Recurrió la empresa y estimó el recurso de suplicación. Ahora la Sala IV TS, confirma la sentencia del TSJ porque considera que no es de aplicación el art. 22.4 del convenio colectivo de FASS, al estar excluida de su aplicación, ni puede reconocérsele un derecho que nunca había tenido. Reitera doctrina: STS 18/01/2024, Roj: STS 211/2024 -ECLI:ES:TS:2024:211. Recurso: 223/2022. Resolución: 71/2024.
Resumen: Beneficiario de una prestación por IPA que pretende una GI desestimada en sentencia y recurrida. La Sala lo desestima no sin antes explicitar los rasgos configuradores de la GI, como los requisitos para la revisión de grado por agravación que concreta en que el cuadro clínico del trabajador sea más grave que cuando se le reconoció el grado de incapacidad permanente que pretende modificar y que dicho empeoramiento o agravación repercuta de tal forma en la capacidad de quien la padece hasta el punto de requerir ahora la asistencia de tercera persona para los actos esenciales de la vida diaria. Respecto a la alegación de tener reconocido un grado de discapacidad señala la Sala que los parámetros determinantes de la discapacidad o incluso del reconocimiento de la dependencia son diferentes a los de la valoración de la capacidad laboral. Se concluye que no se acreditan las dificultades para la realización de los AEV.
Resumen: La empresa abonó el complemento pactado en el III Acuerdo Autonómico a los contratados durante la vigencia del XIII Convenio General de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad y no a los contratados a partir del XIV Convenio y actualmente no lo abona a ningún empleado, por entender que es preciso el acuerdo entre administración, patronal y sindicatos, encontrándose en caso de pago delegado condicionado el mismo a su abono por la administración. Se indica que se identifica erróneamente el complemento autonómico recogido en el art. 8 de los Convenios XII y XIII -que para el personal en los centros asistenciales se condiciona a que su abono se realice por la Administración asistencial- con el efectivamente reclamado derivado de las diferencias salariales surgidas en función de los Acuerdos de Revisión Salarial Autonómicos y se indica que cuando dos convenios colaboran de manera coordinada en la ordenación de una cuestión y son compatibles entre sí, por no regular de forma distinta la materia y si el estatal permite convenios en un ámbito inferior se establece una relación de suplementariedad, se aplica el estatal y las previsiones salariales del autonómico y este adquiere validez y autonomía propia, desligándose de aquel en todos sus aspectos, salvo pacto en contrario -no consta-, por lo que su vigencia no depende del XIII Convenio, al no regular el III Acuerdo su duración temporal y además, este complemento no está sujeto a la condición de que la administr
Resumen: La cuestión planteada en el presente recurso de casación para la unificación de la doctrina consiste en determinar si, en una familia monoparental, la única progenitora que disfrutó de la prestación por nacimiento y cuidado del menor tiene derecho, además, a la prestación que le hubiera correspondido al otro progenitor de haber existido. La sentencia apuntada, con aplicación del criterio establecido en la STS del Pleno de 23/3/2023 (R. 3972/2020), resuelve que no procede el reconocimiento de una nueva prestación distinta a la ya reconocida y coincidente con la que hubiera correspondido al otro progenitor, argumentando que en aplicación de la normativa vigente, que cumple las exigencias derivadas del Derecho de la Unión Europea, de la Constitución y de acuerdos y tratados internacionales, es al legislador a quien corresponde determinar el alcance y contenido de la protección que debe dispensarse a este tipo de familias. Previamente, se rechaza la petición de suspensión de las actuaciones instada por la actora ante la presentación por un Juzgado de lo social de cuestión prejudicial ante el TJUE porque, como se indica en la sentencia del Pleno de esta Sala antes citada, no existen dudas de que la legislación nacional se adecúa al derecho de la Unión.
Resumen: Complemento de maternidad: el JS no reconoce al actor el derecho a percibir el complemento (art. 60.4 TRLGSS). Recurre, y el TSJ estima el recurso de suplicación del actor. El INSS recurre la sentencia, y el TS en unificación de doctrina, acuerda la estimación del recurso declarando que no resulta aplicable el complemento de maternidad por aportación demográfica a una pensión de jubilación anticipada voluntaria causada bajo la vigencia del art. 60.4 TRLGSS, en redacción anterior a la modificación operada por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero. Reitera la doctrina contenida, entre otras, en las SSTS de 15.11.2022, rcud 3036/2019; de 23.11.2022, rcud 1306/2019 y de 30.11.2022, rcud 3800/2021.
Resumen: Liberbank. Trabajador prejubilado en 2012 en aplicación de ERE que preveía la aportación al plan de pensiones por jubilación hasta el cumplimiento de los 64 años. En 2103 se alcanzó acuerdo en nuevo ERE (impugnado y confirmado por STS de 18.11.15) por el que se suspendieron las aportaciones entre 1.6.13 y 31.5.17, reanudándose desde el 1.6.17 con aportaciones adicionales que compensaban las suspendidas. La sala de suplicación condenó al banco a hacer las aportaciones del demandante desde 01.06.2013 a 29.02.2014. La Sala IV estima el recurso del banco reiterando criterio de sus SSTS/IV de 18.01.2023 (Rec. 1805/21) y 19.01.2023 (rec. 86/21) reiterada por la de 30.05.2023 (Rec. 21/21) y 02.10.2023 (Rec. 1920/2021): el actor, prejubilado en 2012, no se encuentra en los 2 supuestos en que se acordó compensar la ausencia de aportaciones (ni continúa en activo en julio/17, ni causó baja durante el periodo de suspensión). La cláusula II.C del Acuerdo de 27 de diciembre de 2013 comprende únicamente a los trabajadores en activo de la empresa que causan baja durante la suspensión de aportaciones o antes de finalizar el plazo de aportaciones extraordinarias. No pueden incluirse los que causaron baja en el año 2011 o 2012. La fecha de la baja es la del cese definitivo del trabajo.
